Condenamos la represión policial de estos días en las diferentes manifestaciones en defensa de la libertad de expresión.

Siguen las protestas en distintos puntos de nuestro país, en defensa de la libertad de expresión, después de la detención del rapero Pablo Hasél. La presencia de la juventud en estas protestas es mayoritaria, y tiene su origen en la violencia estructural que nos condena a un futuro sin perspectivas, un futuro de precariedad, cuya raíz se encuentra en un sistema incapaz de atender a nuestras necesidades y que no duda a la hora de descargar toda su fuerza de manera violenta ante cualquier síntoma contestatario o propuesta alternativa.

No nos gustan los actos vandálicos sin motivos, liderados por una minoría a la que llamamos a emplear métodos pacíficos. Sin embargo, el poder mediático, en un nuevo acto de irresponsabilidad, vuelve a poner el foco en este tipo de actos, relegando el debate político a un segundo plano, bloqueando así la posibilidad de dialogar, de analizar el contexto de manera rigurosa y, por tanto, de alcanzar cualquier solución o llegar al fondo del asunto, al origen de este malestar. Esto no va de contenedores, esto va de derechos sociales.

Lamentablemente, en los últimos días hemos visto cómo a algunos acérrimos defensores y defensoras del mobiliario urbano se les ha pasado por alto la violencia ejercida por la policía. Una violencia como la que sufrieron el pasado 18 de Febrero dos compañeros del Sindicato de Estudiantes de Madrid, que fueron agredidos por la policía cuando les pidieron a los agentes que se identificaran por incautar sus material de propaganda, y a quienes mandamos todo nuestro apoyo. Es cada vez más evidente que es inaplazable la aprobación de la propuesta de Unidas Podemos para suprimir los delitos de opinión.

A este tipo de acciones represivas, hay que sumar la violencia desproporcionada por los cuerpos de seguridad, estatales y autonómicos, durante las protestas, que provocaron la pérdida de un ojo de una de las participantes en dichas manifestaciones, por el impacto de una pelota de FOAM, el pasado martes 16 de febrero, así como decenas heridos en las sucesivas jornadas de protesta.

La violencia ejercida por las diferentes brigadas de antidisturbios no son nuevas ni anecdóticas. Desde 2010, son más de 2500 personas en España las que han sufrido algún tipo de abuso policial, agresiones, detenciones injustificadas, etc, según denuncia la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.

El uso de proyectiles, y determinadas prácticas de tipo ofensivas, como las que aparecen en la tesis doctoral del Comisario de los Mossos d’Esquadra David Piqué Batallé, son síntoma de un modelo de seguridad ciudadana agotado. Exigimos la revisión del actual modelo que, como ha quedado demostrado, está muy alejado de las labores de protección y defensa de la ciudadanía que deberían realizar los cuerpos de seguridad del Estado.

Llamamos a la organización de la juventud. Las alternativas a este sistema que no nos tiene en cuenta pasan por encontrarnos, reflexionar, aunar fuerzas y reivindicar mecanismos de participación, como el voto a las 16, y mecanismos de protección social, como la regulación de los alquileres.