En defensa de las Prestaciones Universales
Artículo de Iván Hernández, psicólogo con Máster en Estudios Europeos: Perspectivas Globales y Transnacionales, Máster en Ética Aplicada y Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación y miembro del Grupo Motor de la Red de Jóvenes Federal de Izquierda Unida.
Existe un debate muy popularizado entre lo que se conoce como la Universalidad de políticas públicas o su Focalización a ciertos grupos, por renta o diversos criterios.
Este debate se ha vuelto a avivar recientemente con el anuncio del Ministerio de Sanidad sobre la ayuda de 100 euros “universal” a menores de 16 años para la compra de gafas. Esta medida es muy mejorable, en tanto que no elige ninguno de los dos caminos, ni es realmente universal (sólo para menores de 16), ni secciona por renta, por lo que las crítica a la medida son muy legítimas. Sin embargo, muchas de las críticas que recorren las redes sociales estos días no van tanto hacia la medida concreta, sino a su intencionalidad (mal ejecutada) de universalidad.
Es necesario reflexionar sobre cuál debe ser la orientación de las políticas públicas que queremos, y la utilidad de focalizar por renta o de incluir a toda la ciudadanía en la recepción de estas
Si bien de entrada puede sonar ideal que las ayudas económicas tengan un criterio de renta para no darle dinero a quien no lo necesita (los enemigos de nuestra clase), es mucho más complejo de lo que parece y merece discutirse atendiendo a los argumentos.
Es muy sencillo observar los efectos prácticos de hacer medidas focalizadoras, en España, el caso paradigmático es el caso del Ingreso Mínimo Vital. El IMV ha sido un fracaso como política precisamente por su carácter focalizador, que establecía muchas barreras administrativas y burocráticas, así como incluso algunas relacionadas con la dignidad humana y el honor (qué vergüenza tener que pedir el Ingreso Mínimo Vital).
A esto se suma que debemos de entender y analizar la sociedad en la que nos encontramos y el momento histórico por el que pasamos. Ante la pregunta de si queremos beneficiar a toda la población, y en especial a las personas más vulnerables (En 2024, en España, el 25,8% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social1), pero a cambio debemos dar una cantidad (para ellos insignificante) de dinero a una minoría social, debemos tener clara la respuesta.
Este debate se enmarca de manera muy similar al de la Progresividad de las Multas de Tráfico en base a las Rentas, en el que la discusión giraba en torno a si 100, 200 o 300 euros significa lo mismo para una persona millonaria que para una persona vulnerable con un trabajo a tiempo parcial en el que cobre 500 euros al mes. Ha de ponerse en perspectiva lo que se gana con lo que se pierde en cada caso.
Es evidente que no es plato de buen gusto para nadie (de izquierdas) regalar dinero a quien no lo necesita, sin embargo, con los mecanismos fiscales y burocráticos de los que disponemos actualmente, las Políticas Públicas de carácter Universal tienen el potencial de suponer una gran herramienta de mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora.
Al considerar esta conversación, se ha de tener en cuenta que “En 2023, la renta media por persona en España fue de 14.807 euros”1, y “El umbral de pobreza en España para 2025 se estima en 11.944 euros anuales para un hogar unipersonal”1. La proximidad de estas dos cantidades debe ser suficiente alerta para considerar seriamente que las prioridades legislativas han de ser la mejora de las condiciones materiales de las personas en riesgo de pobreza o aquellas más vulnerables.
A continuación, se exponen varios argumentos concretos que pueden ser relevantes en este caso:
- De nuevo, la principal ventaja de las medidas con carácter universal es que se elimina la barrera de acceso que supone la burocracia a la que se enfrentan las personas que quieren solicitarla. Debido a las barreras y requisitos establecidos, durante los primeros siete meses de aplicación del IMV el 75% de las solicitudes fueron rechazadas, y muchas personas potenciales beneficiarias no llegaron ni siquiera a solicitarlo. En este aspecto, existen varios estudios que respaldan y comparan la efectividad de las medidas de carácter universal frente a las selectivas. Para acceder a muchas de estas medidas como el IMV es necesario tomar ciertos pasos que la mayoría de las personas objeto, bien por ignorar la medida o sus requisitos, vergüenza o brecha digital, no toman. Además, implementando medidas universales, se elimina la percepción potencialmente humillante de “recibir paguitas por ser pobre” y se garantiza que quien deba recibirlo, lo reciba (a costa de que unos pocos que no deban, también lo hagan).
- Las prestaciones universales reducen los costes de gestión frente a las focalizadas, ya que se evitan muchos de los gastos administrativos que conlleva comprobar que la documentación es adecuada, revisar las solicitudes, atender las reclamaciones, etc. Además, el coste de hacer llegar a la ciudadanía objeto la política concreta, su información y las maneras de acceder a ella, así como sus requisitos, y que llegue a todo el mundo deseado, sería muy alto también.
- Blindar de manera universal este tipo de prestaciones hace mucho más difícil que desaparezcan en el futuro, ya que se asumen por la sociedad y se consideran nuevos derechos conquistados por todas.
- Las prestaciones universales tienen como ventaja la prevención, es decir, apoyan a quienes ya están en situación de pobreza o exclusión social, pero también a personas que podrían estar en una situación límite o que en un futuro podrían verse en una situación de exclusión por falta de ingresos, cosa que de manera focalizada es probable que no suceda.
- Debido al alcance de la universalidad frente a la focalización, se entiende que los efectos redistributivos del gasto público social son más importantes cuanto mayor es la cobertura de los servicios sociales. Además, elimina riesgos y sesgos o potencial corrupción en la gestión de las prestaciones, ya que donde existe criterio, existen posibilidades de alterarlo o sortearlo.
- No ponemos en duda la utilidad ni lo correcto del sistema Universal Educativo, ni el de Salud, ni el de las carreteras, ni el de Bibliotecas públicas ni tantos otros. Nos chirría cuando nos viene de nuevas, pero debe entenderse en su contexto.
Finalmente, es imprescindible que se entienda que este tipo de razonamiento en pro de la universalidad de las medidas y que pudiera entenderse como aceptación de “regalarles dinero a los ricos”, se sostiene en tanto que actualmente no poseemos las herramientas ni el sistema que nos permita apoyar a todo el mundo que lo necesita, y a la vez que no llegue a los ricos, de manera efectiva. Hoy en día se ha de elegir entre dos opciones, que llegue a todo el mundo, incluyendo a todos los vulnerables y a unos pocos ricos, o que alcance a unos pocos vulnerables.
En un sistema ideal, y hacia el que debemos avanzar, se establecería algún mecanismo financiero para que, a la hora de pagar impuestos, las personas que no lo necesitaran tuvieran que devolver ese dinero, y se compensara así el agravio. La tributación es la herramienta que nos permitirá calibrar que la redistribución ha seguido los cauces para la que se concibió. Sin embargo, ante la realidad actual que impide este desenlace perfecto, ha de escogerse una opción.
Ante esta dicotomía, se debe recordar que la clase trabajadora somos la gran mayoría de la población, y que tenemos una responsabilidad para con los más vulnerables, que debe superar el enfado generado por darle a los ricos el equivalente a calderilla para su clase, hasta tener un modelo fiscal que permita salvar incluso este escollo.
No debe pesarnos más el odio de clase al enemigo (sentimiento legítimo), que la responsabilidad que tenemos para con la clase trabajadora. Nuestro deber es enfocarnos y trabajar en la mejoría de las condiciones materiales de la ciudadanía, y no quedarnos en la superficialidad de parecer más de izquierdas que el prójimo, a golpe de titular.